La universidad pública no puede conformarse con proclamar los valores que la justifican: tiene que practicarlos.
Dra. ASCENSIÓN PALOMARES RUIZ
CATEDRATICA. EXDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DE LA UCLM
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA “LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN”
Hablar de la universidad es hablar de una de las instituciones fundamentales para construir una sociedad más justa, libre, crítica y democrática. Es hablar de conocimiento, ciencia, formación, igualdad de oportunidades y compromiso con el bien común. Pero también es preguntarnos qué universidad tenemos hoy y, sobre todo, qué universidad estamos dejando que sea.
La universidad pública no nació para reproducir las desigualdades sociales, ni para convertirse en un espacio de poder, ni para servir a los intereses particulares de quienes circunstancialmente la dirigen. Su razón de ser es otra: generar conocimiento, transmitirlo con rigor, formar personas libres y contribuir a transformar la sociedad.
Sin embargo, existe una distancia cada vez más preocupante entre los principios que la universidad proclama y algunas de las prácticas que se desarrollan en su interior.
La universidad no debería ser una institución gobernada desde la concentración del poder, sino desde la participación y la corresponsabilidad. La autonomía universitaria no puede confundirse con la autonomía de sus equipos de gobierno respecto a la comunidad universitaria. El profesorado, el personal investigador, el personal técnico y de gestión y, muy especialmente, el estudiantado no pueden quedar reducidos a meros espectadores de decisiones que afectan a su presente y al futuro de la institución.
Tampoco debería ser un espacio donde el pensamiento crítico se fomente en las aulas y se limite en la gestión. Una universidad que enseña a cuestionar, argumentar y debatir tiene que aceptar esos mismos principios en su funcionamiento interno. La discrepancia no es deslealtad institucional: es una condición imprescindible de la vida democrática.
La igualdad tampoco puede quedarse en declaraciones, actos institucionales y documentos. Tiene que traducirse en oportunidades reales, en políticas efectivas contra cualquier discriminación, en condiciones laborales dignas y en mecanismos transparentes que garanticen que todas las personas puedan desarrollar su actividad sin arbitrariedades ni dependencias personales.
Y no podemos olvidar que la universidad es, ante todo, una comunidad de personas. No es una estructura administrativa ni una organización al servicio de su imagen exterior. Necesita equipos directivos presentes, cercanos, accesibles y dispuestos a rendir cuentas. La responsabilidad de gobernar una universidad no se agota en representarla públicamente: exige escucharla, conocer sus problemas y atender las necesidades cotidianas de quienes la hacen posible.
¿Qué universidad necesitamos?
Tras casi cincuenta años de vinculación con la universidad, desde su creación en el caso de la UCLM, y de haber desempeñado distintos puestos de representación, todos ellos obtenidos por elección, considero que puedo hablar de esta institución desde el conocimiento, la experiencia y el compromiso social.
Necesitamos, en primer lugar, una universidad verdaderamente democrática, con órganos de participación efectivos, decisiones transparentes y rendición de cuentas periódica. Una universidad donde el debate no sea una formalidad, donde las decisiones se expliquen y donde las discrepancias tengan cauces reales de expresión. La participación no puede limitarse a votar cada cierto tiempo: exige información, escucha y capacidad efectiva de intervenir en las decisiones.
Necesitamos también recuperar el valor del profesorado y de la investigación, garantizar condiciones adecuadas para desarrollar la docencia y la actividad científica, reducir la precariedad y reconocer que la calidad universitaria depende de todas las personas, no de los discursos ni de los indicadores utilizados para proyectar una imagen institucional.
Necesitamos políticas de igualdad que puedan evaluarse por sus resultados; protocolos eficaces frente a la discriminación y el acoso; procedimientos de selección y promoción objetivos, transparentes y sujetos a controles independientes. La igualdad de trato debe ser una realidad cotidiana, no una declaración institucional.
Necesitamos una universidad comprometida con su territorio, especialmente con las necesidades de Castilla-La Mancha, que contribuya a combatir las desigualdades territoriales, a generar oportunidades para los jóvenes y a fortalecer los servicios públicos. Una universidad que no mida su relevancia exclusivamente por su posición en los rankings, sino también por su capacidad para mejorar la vida de las personas.
Y necesitamos, por encima de todo, una universidad que no tenga miedo a la crítica, porque una institución que no escucha termina perdiendo su capacidad de aprender y transformarse.
Escribo desde la experiencia de quien ha dedicado buena parte de su vida profesional a la universidad pública y que, aunque se haya jubilado, no considera que el compromiso con ella tenga fecha de caducidad. La jubilación pone fin a una relación laboral, pero no al derecho ni a la responsabilidad de opinar sobre una institución que pertenece a la sociedad.
No se trata de idealizar el pasado ni de negar las dificultades del presente. Se trata de recordar que la universidad pública es un bien común y que nadie debería apropiarse de ella, ni de su voz, ni de sus valores.
La universidad que necesitamos no es la que mejor se representa a sí misma, sino la que mejor representa a la sociedad a la que sirve.
Porque la igualdad no se proclama: se practica. La democracia no se enseña únicamente: se ejerce. Y la universidad no se defiende con discursos: se construye cada día con hechos.