Dra. Ascensión Palomares Ruiz
Catedrática
Presidenta de la Asociación Europea “Liderazgo y Calidad de la Educación”.
En un mundo que presumimos civilizado, las aulas deberían ser templos de conocimiento, refugios de seguridad y motores de crecimiento personal. Sin embargo, la realidad nos golpea con una crudeza insoportable: la violencia escolar, lejos de remitir, se alza como una sombra devastadora que devora la inocencia, aniquila la autoestima y trunca el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes.
Acabamos de conmemorar el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, una fecha instituida por los Estados Miembros de la UNESCO para el primer jueves de noviembre. Pero no nos engañemos: este día no puede convertirse en un mero trámite del calendario institucional, en un lavado de cara con declaraciones bienintencionadas y complacientes. Tiene que ser un grito de responsabilidad social, un clamor urgente de justicia, empatía y compromiso inquebrantable. Ya no valen las medias tintas; estamos llegando tarde y las consecuencias se miden en vidas humanas ante la pasividad generalizada.
Como defensora incansable de la no violencia y de los derechos humanos, observo con profunda indignación cómo ponemos parches a una lacra que no deja de expandirse. Padecemos una auténtica epidemia silenciosa ante la que no podemos, ni debemos, quedarnos de brazos cruzados.
Las cifras nos avergüenzan como sociedad: en España, el acoso afecta a uno de cada diez niños, y el último informe de la Fundación ANAR revela que el 12,3% del alumnado ha sufrido acoso escolar o ciberacoso. Además, la combinación de maltrato presencial y digital se ha duplicado en el último ciclo, saltando del 1,8% al 3,6%. La Fiscalía General del Estado registró 1.196 casos oficiales de bullying, una cifra engañosa porque el miedo y el desamparo institucional obligan a las víctimas a ocultarse en el silencio.
El acoso ya no da tregua ni respeta el umbral del hogar. El ciberacoso, amparado en la cobardía del anonimato digital, ha extendido el tormento a las veinticuatro horas del día, invadiendo la intimidad de los dormitorios y convirtiendo las noches en un calvario interminable. En Castilla-La Mancha, y de forma muy visible en provincias como Albacete, Toledo o Ciudad Real, los protocolos se disparan —con un preocupante incremento del 14,3% en Albacete—, mientras los expertos nos advierten de que más de una cuarta parte de los incidentes se quedan sepultados bajo la losa del miedo y la vergüenza. Detrás de cada porcentaje hay un rostro deshecho, una infancia rota y una familia desesperada. Esta violencia es, además, un veneno bidireccional y letal: Save the Children alerta de que las víctimas menores tienen 2,23 veces más riesgo de ideación suicida y 2,55 veces más de intentos de suicidio, mientras que estudios de la Universidad Complutense señalan que el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores presentan ideación suicida. Es una fábrica que destruye la salud mental de quien la padece y envilece a quien la ejerce, gestando adultos rotos.
Sin embargo, en este análisis crítico no podemos cometer el error de mirar solo hacia el alumnado. Existe otra violencia igualmente perversa y sistemáticamente invisibilizada: el acoso al profesorado por parte de la propia Administración educativa, especialmente en la Universidad. Asistimos con estupor a un escenario donde quienes tienen la misión de educar y proteger se encuentran desamparados, atrapados en una burocracia asfixiante, punitiva y vertical. Los docentes, lejos de recibir el respaldo institucional necesario para gestionar aulas cada vez más complejas, son a menudo fiscalizados, desautorizados y sometidos a una presión intolerable que ignora su bienestar emocional y profesional. Cuando la Administración utiliza el poder no para amparar y dotar de recursos, sino para culpabilizar al eslabón más débil, comete un acto de violencia institucional que dinamita los cimientos del propio sistema educativo. ¿Cómo pretendemos que nuestros docentes siembren empatía y respeto en el alumnado si ellos mismos cosechan indiferencia y persecución desde los despachos oficiales? Es la hora de hablar y denunciar la vulneración de derechos de los superiores que cuando ocupan un puesto se consideran dueños de la institución, actuando con una soberbia corporativa que asfixia a los profesionales de la enseñanza.
¡Basta ya de mirar hacia otro lado! La erradicación de todas las formas de acoso —el que se sufre en el patio, el que viaja por las redes y el que se ejerce desde las estructuras de poder— requiere una revolución multidisciplinar e inmediata. Exigimos recursos reales, no promesas de humo: un incremento sustancial de psicopedagogos y psicólogos en los centros, formación obligatoria y humana para docentes y familias, una regulación estricta del entorno digital, y canales de denuncia independientes que protejan de verdad al profesorado frente al mobbing institucional.
Por encima de todo, necesitamos rehumanizarnos. La clave está en la prevención activa, en la valentía de denunciar y de sentir que las denuncias serán atendidas, en la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio. No permitamos que el silencio siga matando a nuestra niñez ni desgastando a nuestros docentes. Solo con corazón —esa empatía que nos une— y con una voz firme que no se calle ante la injusticia del sistema, seremos capaces de transformar este dolor colectivo en una verdadera esperanza de futuro.