«En cada Provincia habrá Diputación, llamada provincial, para promover su prosperidad…» – así lo establecía la Constitución de Cádiz en su artículo 325. Al poco tiempo se desarrolló este artículo constitucional, dividiéndose el territorio español en 31 provincias
Ya en 1978 con el nacimiento de nuestro estado autonómico, se estudió seriamente la idea de la desaparición de las Diputaciones y fue concretamente en una serie de reuniones entre Alfonso Guerra por parte del PSOE y Rodolfo Martín Villa de la UCD, donde se llegó a la conclusión de que las Diputaciones tendrían que ser asumidas por las nacientes Comunidades Autónomas. Esta decisión se topó con el problema de que el incipiente mapa autonómico no tenía todas las bazas posibles para perpetuarse, ya que no se sabía qué pasaría con las denominadas históricas y qué tendrían que hacer con las nuevas que nacieses, también había serias dudas sobre su financiación. Por todo ello Guerra y Martín Villa decidieron finalmente, cuando las negociaciones estaban muy avanzadas, mantener las Diputaciones, aunque fuese una duplicidad de funciones, hasta ver qué pasaba con las autonomías, decidiendo que se tomaría una solución a la vuelta de unos años.
Posteriormente las autonomías se asentaron en nuestro mapa político, tanto las históricas como las nuevas, incluso se desarrollaron Estatutos de Autonomía para las uniprovinciales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Desde entonces todo el mundo sabía que había una clara duplicidad de funciones y que éstas eran unas instituciones que tendrían que cambiarse, pero nadie se atrevía a la propuesta de su desaparición a las claras, ya que tendría un rechazo frontal en los políticos provinciales, que perderían un lugar natural de asentamiento. La verdadera explicación siempre ha sido la misma, los grandes partidos necesitaban un lugar donde destinar a sus políticos de segunda fila, los alcaldes que no podían mantenerse con el sueldo de su consistorio y también muchos de ellos que no tenían hueco en otras instituciones. Las Diputaciones Provinciales han servido para eso, un lugar donde, como mínimo 25 diputados, se repartían los cargos institucionales a la par de una tropa inmensa de asesores y liberados, pero por su puesto con magníficos sueldos.
No debemos olvidarnos que realmente las Diputaciones Provinciales han desarrollado una labor magnífica en los servicios prestados a los pequeños y grandes municipios, pero la pregunta es sencilla. ¿Estos servicios no los hubieran prestado igualmente las Comunidades Autónomas y las Mancomunidades? La respuesta es claramente sí, y también debemos de decir que nos habríamos ahorrado duplicidades y un dinero gastado innecesariamente.
Yo estoy totalmente en contra de las duplicidades y ejemplo claro son estas instituciones, que tuvieron su razón de ser antes de las autonomías y que ahora no tienen sentido. Ejemplos podíamos poner muchos como las carreteras, donde tenemos carreteras, nacionales, autonómicas, provinciales y locales. Servicios culturales duplicados con conservatorios autonómicos y de Diputación, Consorcios de medio Ambiente y consumo autonómicos y provinciales etc.
A mi juicio, creo sinceramente que el tiempo de las Diputaciones ha pasado y que estamos en un momento que hay que realizar cambios y estos servicios deben de ser asumidos ya por los gobiernos autonómicos y homogenizar las prestaciones, quitando duplicidades y redestinando los recursos al bienestar de los ciudadanos.
No nos olvidemos que las Diputaciones son unos organismos, que como provenientes de situaciones de siglos pasados, tienen unas importantes carencias democráticas, ya que no hay que obviar, que son instituciones en las que sus representantes no son elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. Estas instituciones tienen unos diputados que son elegidos indirectamente, y me explico. Los ciudadanos eligen a los concejales y estos concejales, teóricamente deben de elegir a los diputados, cosa que en la práctica no es así, ya que los partidos designan libremente sus diputados y es ratificado por los concejales de cada partido judicial. Y estos entre ellos designan al Presidente. Algo del pasado anterior a la democracia, ya que el pueblo nunca elige directamente a los Diputados Provinciales.
Por otro lado he escuchado también muchas tonterías estos días sobre las Diputaciones. Algunos hablaban de que se ponían en peligro los trabajadores de estas instituciones. Una verdadera barbaridad. Los trabajadores provinciales deben de estar totalmente tranquilos, ya que como funcionarios y personal laboral fijo provincial, si desaparecieran estos entes, serían automáticamente adscritos a las Comunidades Autónomas, lo mismo que sus cometidos y funciones.
Por lo tanto creo que el tiempo de las Diputaciones ya ha pasado a mejor vida y que debemos plantearnos ya el diseño de un plan de desaparición progresiva de ellas, asumiéndose sus funciones por las Comunidades Autónomas, homogeneizándose de esta forma, tanto recursos como servicios. En esta transición no habrá ningún perdedor. Los servicios se seguirán prestando a los pequeños municipios bien sea por las Mancomunidades, unas existentes y otras que se creen y otros por los servicios autonómicos. Estoy seguro que ganaremos en prestación de servicios y ahorraremos dinero.
