Educar desde la cuna, exigir responsabilidad a quienes nos representan y recuperar el respeto como fundamento de la convivencia democrática.
Dra Ascensión Palomares Ruiz Doctora, catedrática y activista de los derechos humanos
Presidenta de la Asociación Europea “Liderazgo y Calidad de la Educación”
Me duele lo que está sucediendo en Europa y, especialmente, en España. Me duele la violencia, me preocupa la intolerancia y me indigna que, mientras reclamamos una sociedad más justa, parezcamos acostumbrarnos a convivir con el insulto, la descalificación, el odio y la amenaza. Pero hay algo que me preocupa todavía más: que terminemos considerando normal lo que nunca debería serlo.
Después de más de medio siglo dedicado a la educación y a la defensa de los derechos humanos, me resisto a aceptar que la violencia sea un destino inevitable. No lo es. Pero tampoco desaparece por arte de magia, ni se combate con declaraciones grandilocuentes, o minutos de silencio que al día siguiente se olvidan.
La violencia no empieza siempre con un puñetazo. A veces comienza con una palabra. Con una burla. Con un insulto repetido hasta que deja de escandalizar. Con la humillación del diferente. Con la mentira que convierte al adversario en enemigo y con el desprecio que termina presentando al otro como alguien que no merece respeto.
Y cuando estas conductas se exhiben, se amplifican o se justifican desde posiciones de poder, el daño puede ser todavía mayor. Quienes tienen responsabilidades públicas no hablan desde cualquier lugar: sus palabras tienen alcance, su comportamiento crea referentes y sus decisiones contribuyen a determinar qué conductas se toleran en nuestra sociedad.
Por eso debemos decirlo con claridad: ningún cargo público está por encima de la responsabilidad moral que exige la convivencia democrática. Ningún partido
puede reclamar respeto mientras utiliza el insulto como herramienta política. Ningún representante debería condenar la violencia de sus adversarios y disculparla cuando procede de los suyos.
La violencia no tiene una ideología que la justifique, ni una bandera que la haga aceptable, ni unas siglas que la conviertan en menos dañina. Da igual de dónde venga: cuando se amenaza, se humilla, se incita al odio o se deshumaniza al adversario, la sociedad entera pierde.
Y aquí va una pregunta que deberían hacerse todos los partidos políticos, sin excepción: ¿qué sociedad estamos construyendo cuando el enfrentamiento parece dar más rédito que el diálogo, cuando el insulto consigue más atención que una propuesta y cuando algunos confunden la firmeza con la agresividad?
No basta con pedir calma a la ciudadanía mientras se alimenta la crispación desde arriba. No basta con lamentar las consecuencias si se contribuye a crear un clima en el que la hostilidad parece aceptable. Y no basta con pronunciar la palabra convivencia en un discurso si, en la práctica, se desprecia a quienes piensan de otra manera.
A los partidos políticos les exijo responsabilidad, coherencia y valentía. Que condenen con la misma claridad la violencia propia y la ajena. Que aparten el insulto de sus estrategias. Que no conviertan la dignidad de las personas en moneda de cambio. Que sus dirigentes sean capaces de discrepar con firmeza sin degradar al adversario. Que recuerden que la democracia no consiste en destruir al que piensa distinto, sino en garantizar que todos podamos convivir, debatir y defender nuestras ideas en libertad.
Y a quienes, desde cualquier tribuna, provocan, azuzan o justifican la violencia, les digo algo muy sencillo: las palabras tienen consecuencias. No se puede jugar irresponsablemente con la convivencia y después fingir sorpresa cuando el respeto se rompe. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no convierte la mentira, la intimidación ni la incitación a la violencia en conductas exentas de responsabilidad.
Ahora bien, sería un error pensar que todo empieza y termina en la política. La responsabilidad también nos alcanza a las familias, a los centros educativos, a
los medios de comunicación y a cada ciudadano que decide qué comparte, qué aplaude, qué tolera y ante qué calla.
Porque la violencia no nace de la nada: se aprende, se normaliza y se reproduce. Pero también puede prevenirse, desaprenderse y rechazarse.
Después de toda una vida dedicada a la educación y a los derechos humanos, mantengo una convicción que no pienso abandonar: la paz no se construye únicamente firmando acuerdos ni pronunciando discursos; se construye cada día, con educación, justicia, responsabilidad y respeto.
No basta con condenar la violencia cuando ya ha estallado. Hay que dejar de alimentarla. No basta con pedir convivencia cuando se ha roto. Hay que trabajar para hacerla posible. Y no basta con educar a los niños y las niñas para que respeten a los demás si quienes dirigimos, representamos o influimos en la sociedad no somos capaces de dar ejemplo.
La historia no nos juzgará solamente por lo que denunciamos, sino también por lo que permitimos. Y las generaciones futuras tendrán derecho a preguntarnos qué hicimos cuando vimos crecer la intolerancia: si contribuimos a apagarla o si, por comodidad, indiferencia o interés, dejamos que se extendiera.
Todavía podemos elegir. Eduquemos para la paz. Exijamos responsabilidad. Defendamos la dignidad humana sin excepciones. Y no permitamos que el odio termine pareciéndonos normal.
Porque la violencia se puede imponer durante un instante, pero solo la educación, la justicia y el respeto pueden sostener una sociedad verdaderamente libre.
La paz empieza en la cuna, se demuestra en la conducta y se defiende cada día.
Y seguiremos trabajando por ello, porque una sociedad sin violencia y comprometida con la justicia social no es una utopía: es una responsabilidad colectiva que no podemos seguir aplazando.