Los debates de investidura, iniciados la primera semana de marzo, sirvieron para que el candidato socialista, Pedro Sánchez, desarrollara un discurso muy largo y detallado (repitió 60 veces las palabras “acuerdo” y “cambio”), miró más a la izquierda que a la derecha, desde lo que llamó el “mestizaje ideológico”. Los dos partidos que ocupan el centro político – PSOE y Ciudadanos – habían alcanzado un acuerdo que se concreta en más de 200 medidas de gobierno realistas, coherentes y reformadoras. El acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera no solo acaba con rutinas enojosas de poder, sino que además es una buena medicina contra el sectarismo.
En este momento, son los que han ganado, provocando que la misma aritmética parlamentaria sea distinta a la de la noche electoral. Resultando que el sólido bloque de 130 diputados de PSOE y Ciudadanos, ha retirado del primer puesto al PP que sigue con 123. A esto hemos de añadir que los 69 diputados de Podemos se han fraccionado en 42, exclusivos de Podemos y 27 de sus confluencias con: Compromís, Mareas y otras plataformas. Sin olvidar que el resto pueden ser necesarios para completar mayorías. El panorama ahora comienza a estar un poco más claro, dado que el núcleo de 130 tiene un papel central, insuficiente pero preponderante.
Los debates de investidura de la primera semana de marzo dejan una cierta sensación de frustración, al no conseguir una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados, manteniéndose abierta la incertidumbre respecto a la conformación de un Gobierno. El jefe del Estado, el Rey, decidió el lunes 7 de marzo aplazar la tercera ronda de contactos con los líderes políticos con representación parlamentaria hasta que éstos hayan avanzado en sus negociaciones y tengan algo que ofrecer. El jefe del Estado dejó un mensaje muy claro: Este no es mi momento, sino el de los partidos políticos, según explicó el presidente del Congreso. Las funciones del Rey están muy tasadas en la Constitución, no siendo conveniente ni que el jefe del Estado se excediera por decisión propia, ni que los políticos le trasladaran una responsabilidad que no le corresponde. El artículo 99 de la Constitución no debe retorcerse en beneficio de unos o de otros. Son los líderes políticos los que tienen que sentarse a dialogar y, si es posible llegar a acuerdos que faciliten la gobernabilidad.
Aunque todavía persisten teorías sobre el carácter esencialmente antagonista de la política, pero, la realidad social obliga a superar esos modelos tradicionales, como ha ocurrido en otros ámbitos, adoptando otros en consonancia con la expresión democrática de los ciudadanos, que pide a sus dirigentes desarrollar sus funciones públicas con criterios transacionales y colaborativos. España es una sociedad democrática y, los resultados de nuestro último proceso electoral el 20-D, pone en evidencia nuestra realidad, hemos votado como lo hacen nuestras sociedades occidentales. Somos uno más, en ningún caso diferente. Hemos de extraer lecciones que interpelan a nuestra clase dirigente. La pluralidad de opciones con representación parlamentaria no es sinónimo de ingobernabilidad, sino un desafío que nosotros electores hemos lanzado a nuestros políticos, para que abandonen la interpretación bélica de la política y la transformen en un ejercicio de ponderación de intereses diversos hasta integrarlos en políticas transversales e inclusivas.
Confundir la pluralidad con el desgobierno, suele ser un recurso muy común, pero representa mucho más un síntoma de impotencia, que un análisis adecuado de la realidad. La interpretación correcta de los mensajes que envían las urnas, requiere una reconexión con las aspiraciones sociales que evitan la concesión de poderes absolutos y los diversifican para sortear los procesos de decisión excluyentes. La nueva política se fundamenta en un renovado esquema de valores sustentado por un común denominador cuyo contenido gira alrededor del concepto: COLABORACIÓN. De ahí se deduce que los políticos están obligados a ser colaborativos entre sí para servir con lealtad a unas sociedades que han adoptado actitudes colectivas, que reclaman su protagonismo mediante la exigencia de políticas eficaces, éticas, transparentes, dando cobertura a sus intereses legítimos.
En España, sociedad democrática, hay mucho que hacer antes de permitir que se instale la idea de que la política española no tiene arreglo sin nuevas elecciones. Nadie puede sostener que España carece de soluciones por el hecho de que sus principales actores políticos, veteranos y nuevos, parezcan incapaces de pactar la formación de un Gobierno: si así fuera ¿Qué confianza se puede tener en que lo harán avanzado el verano o el otoño, cuando hayamos sido víctimas de una larga y, seguramente crispada campaña electoral?
El electorado habló en las urnas el 20 de diciembre y hay que encontrar salidas a partir de sus resultados, sin provocar más desgastes políticos y económicos de los estrictamente indispensables
