Dra. ASCENSIÓN PALOMARES RUIZ
CATEDRÁTICA
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA “LIDERAZGO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN”
La igualdad no está garantizada. Tampoco en Albacete. El 8 de marzo no es una conmemoración simbólica; es una llamada de atención que nos interpela como provincia y como sociedad. Porque la igualdad no se mide en actos institucionales ni en declaraciones públicas, sino en la seguridad, la autonomía y las oportunidades reales de nuestras mujeres.
En Castilla-La Mancha hay actualmente más de 5.615 casos activos en el sistema VioGén de seguimiento policial por violencia de género. Detrás de esa cifra hay mujeres concretas, muchas de ellas en nuestra provincia, que viven bajo protección porque su integridad está en riesgo. En 2024, los centros de la mujer de la región atendieron a más de 24.000 mujeres por cuestiones relacionadas con violencia machista, con más de 32.000 consultas específicas en este ámbito. Estos datos no solo reflejan la existencia de recursos; evidencian que la violencia sigue siendo una realidad estructural. Albacete no es ajena a esta situación. Cada denuncia en la capital, cada intervención en nuestros pueblos, cada orden de protección tramitada nos recuerda que la violencia no es un problema lejano. Ocurre aquí. Afecta a familias de nuestros barrios y de nuestro medio rural. Y cada mujer asesinada en España es un fracaso colectivo que también nos señala.
La desigualdad no se limita a la violencia extrema. Se manifiesta también en lo económico. La brecha salarial en España se mantiene entre el 15% y el 20%. En una provincia con un importante peso del sector servicios y del ámbito rural, la temporalidad y la parcialidad afectan especialmente a las mujeres. Muchas siguen asumiendo mayoritariamente los cuidados, reduciendo jornadas o renunciando a promociones. No es una elección libre cuando el sistema no ofrece corresponsabilidad real ni servicios suficientes.
En el mundo rural albaceteño, la desigualdad adopta un rostro aún más complejo: mujeres mayores con pensiones más bajas, trabajadoras agrarias invisibilizadas, cuidadoras que sostienen hogares enteros sin reconocimiento económico. La despoblación y la falta de servicios incrementan la vulnerabilidad y dificultan el acceso a recursos especializados. La igualdad, en estos contextos, no es un discurso; es una necesidad urgente.
Preocupa también la distancia que parte de la juventud manifiesta respecto al feminismo. Sin embargo, cuando escuchamos a nuestros jóvenes en institutos y universidades, comprobamos que desean relaciones igualitarias y rechazan la violencia. El desafío no es convencerles de la importancia de la igualdad, sino evitar que se trivialice o se convierta en un campo de confrontación ideológica.
El 8M debe servir para algo más que para repetir compromisos. Debe impulsarnos a revisar si estamos haciendo lo suficiente para reducir la brecha salarial, reforzar los recursos en el medio rural y prevenir la violencia antes de que se produzca. No basta con atender a las víctimas; debemos transformar las condiciones que generan desigualdad.
La igualdad no es un lujo ni una consigna política. Es una condición básica para el desarrollo y la cohesión social de nuestra provincia. Cuando una mujer en Albacete vive con miedo, cobra menos o ve limitadas sus oportunidades, no pierde solo ella: pierde la comunidad entera.
El 8 de marzo no puede ser autocomplacencia. Debe ser exigencia. Porque los derechos pueden retroceder si se relativizan. Y porque una provincia que quiere futuro no puede permitirse que la mitad de su población camine con obstáculos.
La igualdad no admite demora, y Albacete no puede quedarse atrás.